Alivio empresarial al salvar la jornada de 40 horas tras cuatro años de espiral de costes laborales: "Era la puntilla para miles de pymes y autónomos"

Los empresarios respiran aliviados. El potente lobby que vienen llevando a cabo las grandes patronales del país ha dado sus frutos y la pinza de las derechas -PP, Vox y Junts- ha acabado tumbando la reducción de la jornada laboral en el Congreso de los Diputados. Al menos, temporalmente. Pero la paralización de esta medida, aunque sea transitoria, es alivio suficiente para miles de pymes y autónomos que en los últimos años han sufrido una escalada sin precedentes de los costes laborales y a los que la jornada de 37 horas y media iba a darles la estocada final, con un coste global de hasta 42.400 millones de euros.

En un comunicado conjunto, CEOE y Cepyme agradecieron a los grupos parlamentarios su rechazo al proyecto de ley de Yolanda Díaz, asegurando que sus enmiendas a la totalidad evitan "un grave impacto negativo sobre la economía, el empleo y también sobre los consumidores". Y respecto a las empresas, "generaría problemas organizativos, menor productividad, más costes, una menor calidad de los servicios y un menor atractivo para la inversión, todo ello en un contexto de difícil cobertura de vacantes".

Los empresarios habían cifrado el impacto económico de rebajar de 40 a 37,5 horas la jornada semanal máxima legal en unos 24.000 millones de euros. En un estudio específico, la patronal de las pymes estimaba un coste directo de 11.800 millones por las horas que se dejarían de trabajar, pero que se seguirían remunerando, más otros 30.600 millones de euros por el valor añadido bruto que se dejaría de producir al recortar el tiempo de trabajo. En total, 42.400 millones.

La memoria económica del proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral, que tendrá que reelaborar el Gobierno para volver a presentarlo al Congreso, reconocía que la medida elevaría los costes empresariales hasta un 7%. En concreto, el texto apuntaba que "la reducción de la jornada laboral semanal a un máximo de 37,5 horas de promedio en cómputo anual sin reducción de salario inducirá un incremento del coste salarial por hora trabajada de un máximo del 6,67%, en el caso de que la persona estuviera trabajando 40 horas semanales con carácter previo a la implementación de esta reforma".

No obstante, la memoria aseguraba que "este escenario más pesimista no es el más extendido en España" porque muchas empresas ya tienen jornadas por debajo de la máxima legal actual. Así, calculaba que "el incremento del coste salarial por hora trabajada previsto para la jornada media de los casi 14,5 millones de trabajadores del sector privado sería del 2,21%, e incluso existe un grupo de más de 1,88 millones de trabajadores para los que el coste salarial por hora no se incrementaría en absoluto".

Ese dato del 2% fue utilizado por la vicepresidenta Díaz en su réplica a los enmendantes el pasado miércoles en la tribuna del Congreso, negando así el argumento del coste desmesurado de la medida que defienden los empresarios, asumido por los grupos parlamentarios que tumbaron el proyecto de ley. Aún así, el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, valoró tras finalizar la votación que la reducción de jornada "hubiera sido la puntilla" para "más de 900.000 autónomos y pequeñas empresas asfixiados por el incremento de los costes laborales, por la presión fiscal y por las cargas y trabas que vienen padeciendo".

Precisamente, los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a principios de la semana pasada reflejan una espiral de cuatro años de costes laborales al alza. Concretamente, el coste laboral total por hora efectiva de trabajo se disparó un 5,4% en el segundo trimestre de 2025, acumulando nada menos que 16 trimestres de subidas anuales ininterrumpidas. En cuanto al coste puro salarial, aumentó un 5,1%, mientras los "otros costes", que incluyen las cotizaciones sociales, repuntaron hasta un 6,2%.

Y es ahí, precisamente, donde se está disparando la factura de las empresas. En otra encuesta del INE, la trimestral de coste laboral, se reflejaba ya que el desembolso de las compañías en las nóminas de sus trabajadores alcanzó en el primer trimestre del año máximos de 25 años, tras acumular 17 trimestres de alzas trimestrales consecutivas. Sin embargo, eso no significa que los sueldos hayan escalado en la misma proporción. Al contrario, el impulso más reciente viene motivado por las cuotas introducidas en la reforma de las pensiones para pagar la jubilación de la generación del baby boom, mientras los salarios crecen a un ritmo más moderado.

Como se cuantificó en estas páginas, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 el coste de las cotizaciones sociales se ha disparado un 29,5%, al pasar de 594 a 769 euros mensuales, casi seis puntos más que los costes salariales, que en estos últimos siete años han crecido un 24%, desde 1.844 euros hasta los 2.290 euros actuales. Todo ello, coincidiendo con un encarecimiento de los costes laborales derivado de la escalada continua del salario mínimo interprofesional (SMI), que en el mismo periodo ha pasado de 736 a 1.184 euros mensuales, un incremento de más del 60%.

Pero el repunte de las cotizaciones es mucho más significativo si se echa un vistazo más específico a los años más recientes. Desde el último trimestre de 2022, cuando los costes por cuotas a la Seguridad Social se situaban en 679 euros al mes, la factura de las cotizaciones ha aumentado más de un 13%, mientras los costes salariales no han subido ni un 1% (el avance registrado es de apenas el 0,99%). Estas cifras reflejan la tensión creciente en los costes empresariales por el desembolso del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que entró en vigor el 1 de enero de 2023 y que pagan todos los trabajadores, independientemente de su sueldo, así como de la cuota de solidaridad, que se aplica desde 2025 a las nóminas más altas.